Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- Un bloque de diez regidores del Ayuntamiento de Ciudad Madero ha colocado en el centro del debate público un asunto que combina responsabilidad política, obligaciones laborales históricas y la fuerza vinculante de una sentencia federal: el pago de $51,142,776.36 pesos derivado de un laudo laboral y el cumplimiento del amparo 748/2025, radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito.
La voz más visible del grupo es la abogada y regidora priista Mayra Rocío Ojeda Chávez, quien sostiene que el alcalde Erasmo González Robledo no puede delegar en el Secretario del Ayuntamiento la explicación técnica, jurídica y presupuestaria de un asunto que compromete el patrimonio municipal.
“Es el Alcalde quien está obligado legalmente a atendernos y explicarnos la situación técnica, jurídica y presupuestaria de este caso. No aceptamos que nos mande al Secretario del Ayuntamiento —quien ni siquiera tiene voz ni voto en el Cabildo— como escudo para evitar su responsabilidad”, expresó el bloque en un posicionamiento conjunto.
Los regidores afirman que la omisión en la entrega de documentos les impide cumplir con el plazo de tres días fijado por la autoridad judicial para informar sobre el cumplimiento del fallo. En términos estrictamente legales, la falta de colaboración interna podría traducirse en responsabilidad administrativa e incluso en consecuencias patrimoniales si se acredita desacato.
FRACTURA INÉDITA EN EL CABILDO
El diferendo escaló tras la sesión del 30 de enero de 2026, cuando por primera vez en la actual administración se rompió la unanimidad en votaciones clave. La fractura dejó constancia de una recomposición política que trasciende filiaciones partidistas.
Votaron en contra ediles de MORENA, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI, incluida Ojeda Chávez; la única abstención provino de una regidora panista. La escena fue interpretada por algunos como un “frente frío político”, pero detrás de la metáfora subyace un conflicto estructural: el cumplimiento de obligaciones laborales acumuladas durante más de una década.
DEUDA HEREDADA Y MULTIPLICADA
El adeudo tiene raíces en la administración de Sergio Arturo Posadas Lara (2008–2011), cuando se dejaron de cubrir incrementos salariales, becas, uniformes y aportaciones al fondo de ahorro pactados con el sindicato.
Las gestiones posteriores —incluidas las de Jaime Turrubiates Solís, José Andrés Zorrilla Moreno y Adrián Oseguera Kernion— no resolvieron el litigio de fondo. La deuda creció con actualizaciones, intereses y costas hasta superar los 51 millones de pesos.
Juristas consultados advierten que, agotadas las instancias ordinarias, la última fase de ejecución podría desembocar en embargo de cuentas públicas, una medida extrema pero prevista cuando existe incumplimiento reiterado de sentencias firmes.
CARNAVAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIORIDAD
El bloque de regidores cuestiona además la oportunidad política del gasto. Señalan que mientras el Cabildo no recibe información completa sobre el impacto presupuestal del laudo, el alcalde ha encabezado festejos de carnaval.
El punto no es festivo, sino fiscal: los ediles exigen que partidas destinadas a bacheo y alumbrado público no sean afectadas para cubrir la condena judicial. En términos de derecho municipal, la reasignación presupuestal sin deliberación informada del Cabildo podría vulnerar principios de legalidad y transparencia.
El caso expone una tensión clásica en gobiernos locales: la colisión entre herencias financieras, decisiones políticas y mandatos judiciales. La sentencia de amparo no es una recomendación; es una orden. Y en el diseño constitucional mexicano, su incumplimiento puede activar responsabilidades que van desde sanciones administrativas hasta la consignación penal por desacato.
Tomando en consideración, la narrativa climática del alcalde (sobre cambios) que algunos han usado para describir el momento político palidece frente a la contundencia de los números: 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos. Una cifra que ya no admite metáforas.