Matamoros, Tamaulipas.— La abogada Susana Prieto Terrazas acusó abiertamente al Gobierno del Estado, y específicamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gerardo Illoldi, de haber abandonado a los 1,300 trabajadores de Tridonex en el momento más crítico de su conflicto laboral.
Frente a cientos de trabajadores que perdieron su empleo por el cierre de la empresa maquiladora en este municipio, la abogada fue crítica y directa:
“El apoyo se quedó en discursos, en cobijas, en botellas de agua y en ayudas del bienestar, pero cuando pedimos respaldo jurídico, nos dejaron solos”
Prieto señaló directamente al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas, por negarse a expedir las constancias de no conciliación, documento indispensable para llevar la demanda por la vía ordinaria. Sin ese papel, explicó, el procedimiento queda bloqueado y la defensa legal de los trabajadores se paraliza.
“El último mensaje fue: ‘usted tranquila y yo nervioso’. Y no volvió a contestar el teléfono”, denunció.
La respuesta que recibió, relató, fue que el titular del Centro Local de Conciliación —el único con experiencia en el tema— fue trasladado a la Fiscalía y quien quedó al frente no tiene la preparación suficiente.
Para la abogada, la omisión no es técnica, es política. “No quisieron resolverlo. No quisieron ponerse del lado de 1,300 familias que hoy viven en incertidumbre”, afirmó.
Pero anunció algo que llenó de esperazas a los empleados: “El mensaje duro para Tridonex es: ya no son trabajadores, son los dueños de Tridonex”
Ante la negativa estatal, la defensa optó por el emplazamiento a huelga. El juez local Juan Carlos Ruíz se declaró incompetente y remitió el caso a un juzgado de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, donde el abogado Víctor Manuel Ortega ya espera la demanda.
El estallamiento de la huelga, que deberá ajustarse a los plazos legales, será el paso clave para solicitar la imputabilidad y el embargo total de los bienes de la empresa. “Desde un clavo hasta la prensa más grande”, dijo Prieto, subrayando que los trabajadores ya tomaron posesión de las tres naves industriales.
La comparación fue inevitable. En Chihuahua, donde se enfrenta un conflicto similar —explicó— las constancias se entregaron sin obstáculos y los embargos avanzan. En Tamaulipas, en cambio, acusa una muralla burocrática que impide avanzar.
“Una cosa es tomarse la foto y otra muy distinta es garantizar justicia laboral”, remató.
Pidió a los trabajadores mantenerse unidos y resguardar las instalaciones. Recordó que el movimiento 20-32 resistió en 2019 y volvió a insistir en que la fortaleza del gremio ha sido no dividirse.
El señalamiento es frontal: mientras el Gobierno estatal habla de apoyo, los trabajadores aseguran que en la batalla legal decisiva los dejaron sin respaldo.
Pero les anticipó: “Una sola cosa les voy a decir: cuidar los bienes es su responsabilidad, no la mía, quiero que quede muy claro”