Por Agustin Peña Cruz
En política, las metáforas suelen ser el último refugio cuando los hechos comienzan a desbordar la narrativa. En Ciudad Madero, el “cambio de clima” no fue atmosférico; fue jurídico y sociopolítico. Y el parteaguas no lo marcó el carnaval ni la aparición del mapache como guiño folclórico, sino la presión acumulada de un modelo de comunicación pública que terminó por colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones.
Aunque nadie lo pronuncie en voz alta, 2027 ya está en el horizonte. Es la antesala del último ciclo constitucional que permitirá reelecciones y, en paralelo, el laboratorio donde se ensayan nuevas fórmulas de continuidad política —incluidas aquellas que rozan la transmisión patrimonial del poder. En ese contexto, la imagen pública deja de ser accesorio y se convierte en activo estratégico. Y fue precisamente ahí donde la administración municipal tropezó.
La remoción de Lorenzo Martínez Rubio y de Deanise Adriana Rueda Hernández no fue un ajuste administrativo. Durante meses, la Dirección de Comunicación Social operó bajo una lógica que contradecía principios elementales del derecho público: legalidad, imparcialidad, transparencia y disciplina en el gasto. La asignación discrecional de publicidad oficial, el trato preferencial a replicadores afines y la exclusión sistemática de periodistas críticos no sólo eran decisiones políticas; eran actos con potencial relevancia administrativa y, eventualmente, resarcitoria.
La publicidad gubernamental no es un premio ni un castigo. Es gasto público. Y como tal, está sujeta a controles normativos estrictos. Cuando se distribuye sin reglas claras, se erosiona el principio de equidad y se configura un riesgo de captura institucional. Las versiones sobre posibles observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pueden despacharse como rumores de sobremesa; en un Estado de derecho, cualquier señal de irregularidad exige trazabilidad documental y rendición de cuentas.
Hubo un momento clave: cuando se ignoraron instrucciones directas del alcalde para garantizar el envío equitativo de información oficial. En términos administrativos, la desobediencia jerárquica no es un asunto menor. Si un funcionario de segundo nivel puede desatender órdenes sin consecuencias inmediatas, lo que está en juego no es la comunicación, sino la verticalidad del mando. Y cuando el mando se fractura, el gobierno se atomiza.
El 29 de enero se documentó públicamente la ruptura con ese esquema de control informativo. Días después, ante la evidencia, la respuesta oficial fue una frase destinada a diluir responsabilidades: “el único cambio, es el clima”. La retórica intentó cubrir lo que ya era visible: la unanimidad en Cabildo se había resquebrajado, las tensiones laborales con el sindicato reaparecían con la amenaza de embargo por más de 51 millones de pesos, y la narrativa institucional comenzaba a perder cohesión.
La deuda heredada —que atraviesa administraciones desde 2008— no es una cifra abstracta. Es la consecuencia de omisiones reiteradas frente a obligaciones laborales reconocidas. En derecho administrativo, el incumplimiento sistemático no se borra con discursos; se acumula en expedientes. Y cuando los expedientes maduran, el margen político se reduce.
Dieciocho días después, el relevo se hizo oficial. No como destitución, sino como reconfiguración estratégica. Lorenzo Martínez Rubio fue incorporado al equipo de asesores, mientras Raúl Villegas Germán asumió como encargado de despacho de la Dirección General de Comunicación Social. El mensaje difundido en redes sociales habló de “fortalecer el equipo”, “visión institucional” y “vínculo transparente con la comunidad”. El lenguaje cambió; el reconocimiento implícito también.
Aquí es donde el civismo rompió el cinismo. No por virtud espontánea, sino por cálculo racional. La administración entendió que sostener un esquema de opacidad en vísperas preelectorales era jurídicamente riesgoso y políticamente inviable. En un entorno donde la opinión pública es cada vez más litigiosa —no en tribunales, sino en la arena digital— la negación prolongada erosiona credibilidad y capital político.
Erasmo González Robledo no es ajeno a la simbología. La narrativa de la “ciudad intergaláctica”, el guiño al marciano y el folclor identitario funcionaron como marca. Pero la política real no se gobierna con metáforas cósmicas, sino con expedientes, acuerdos laborales y reglas de gasto. Cuando la imagen comienza a interferir con la legalidad, el ajuste deja de ser estético y se vuelve estructural.
El relevo en Comunicación Social no borra las prácticas anteriores. Tampoco resuelve, por sí mismo, la discusión de fondo: ¿habrá reglas claras para la asignación de publicidad oficial? ¿Se establecerán criterios objetivos y verificables? ¿Se transparentarán contratos y montos con la misma diligencia con la que se difunden boletines? La respuesta a esas preguntas definirá si estamos ante una contención de daños o ante una reforma silenciosa.
Desde la perspectiva sociopolítica, el movimiento es: corregir antes de que la narrativa de opacidad se convierta en ancla electoral. En derecho comparado, las democracias consolidadas han aprendido que el control discrecional de la comunicación oficial es uno de los primeros síntomas de deterioro institucional. Madero no es Londres ni Nueva York, pero los principios son universales: sin prensa libre y sin reglas claras de gasto, el poder se ensimisma.
El alcalde ha decidido ajustar la brújula. No por altruismo, sino por supervivencia política. 2027 no se gana con discursos defensivos ni con metáforas climáticas; se construye con señales de rectificación verificables. La incorporación de un perfil con experiencia administrativa y conocimiento normativo en Comunicación Social apunta a una intención de estabilizar el frente más vulnerable de la administración.
En política, recapacitar a tiempo es una virtud estratégica. El problema no es haber cometido errores; el problema es persistir en ellos. Si el cambio se traduce en apertura real, reglas públicas y trato equitativo a la prensa, entonces la rectificación habrá tenido sentido. Si, por el contrario, se trata sólo de un relevo nominal mientras la lógica de control permanece intacta, el clima volverá a tornarse adverso.
Por ahora, el mensaje es: la negación ya no era sostenible. El civismo —entendido como respeto a las reglas y a la crítica— terminó imponiéndose sobre el cinismo retórico. Y en esa tensión, el alcalde parece haber comprendido que la política contemporánea no premia la opacidad; la exhibe.
La brújula está orientada hacia 2027. La pregunta no es si habrá más cambios, sino si estos serán suficientes para convencer a una ciudadanía que, más allá de marcianos y carnavales, exige algo elemental: legalidad, transparencia y coherencia entre discurso y acción. Porque cuando el clima político cambia, no lo hace por capricho; lo hace porque la presión social y jurídica lo obliga.
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* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
