Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Victoria, Tamps.- En un movimiento que coloca la seguridad infantil en el centro del debate público, la diputada Úrsula Salazar Mojica presentó el 17 de febrero una iniciativa ante el Congreso local para reformar la Ley de Tránsito del Estado y prohibir el transporte de niñas y niños menores de 12 años en motocicletas. La propuesta, de aprobarse, obligaría además a los 43 ayuntamientos a armonizar sus reglamentos municipales bajo un mismo criterio preventivo.
La legisladora, representante de Tampico, fundamentó su planteamiento en el principio constitucional del interés superior de la niñez, eje rector del sistema jurídico mexicano cuando se trata de decisiones que afectan a personas menores de edad. La reforma busca cerrar un vacío normativo: la legislación estatal no prohíbe de manera expresa esta práctica, lo que ha generado criterios dispares en su aplicación y un margen de ambigüedad que, en la práctica, deja la decisión en manos de cada conductor y de la interpretación de la autoridad.
La evidencia en materia de seguridad vial respalda la preocupación. Las motocicletas, por su diseño, carecen de carrocería, cinturones de seguridad y zonas de absorción de impacto. Aun cuando el uso del casco reduce significativamente el riesgo de traumatismos craneoencefálicos, no elimina la exposición a lesiones graves en caso de colisión o caída. En el caso de menores, el riesgo se multiplica: su desarrollo físico incompleto, la limitada capacidad de reacción y la dificultad para mantener una postura estable durante la marcha los convierten en pasajeros especialmente vulnerables.
Especialistas en movilidad coinciden en que el transporte de menores en motocicleta no puede analizarse únicamente desde la óptica de la libertad individual o la necesidad económica. En regiones donde este vehículo representa una alternativa de bajo costo y alta eficiencia, la regulación enfrenta resistencias culturales y sociales. Sin embargo, los estándares internacionales de seguridad vial apuntan a restringir la presencia de menores en vehículos de alto riesgo, bajo el principio de prevención del daño cuando éste es previsible.
La propuesta de reforma no se limita a la prohibición. En su exposición de motivos precisa que la medida es razonable y proporcional, en tanto busca proteger un bien jurídico superior: la vida y la integridad física de niñas y niños. Desde una perspectiva jurídica, el Estado no sólo puede, sino que debe intervenir cuando existe evidencia suficiente de peligro estructural, especialmente tratándose de grupos en condición de vulnerabilidad.
La iniciativa también abre una discusión más amplia sobre la cultura vial en Tamaulipas. La regulación, por sí sola, no garantiza cambios conductuales sostenidos. Expertos advierten que cualquier modificación normativa debe ir acompañada de campañas permanentes de educación vial, supervisión efectiva y sanciones claras. La construcción de una movilidad segura implica comprender que el espacio público es compartido y que la protección de la infancia constituye una responsabilidad colectiva.
En la próxima sesión legislativa, Salazar Mojica adelantó que presentará un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a armonizar sus reglamentos y establecer de manera expresa la prohibición de transportar pasajeros menores de 12 años en motocicletas.
Por tal motivo, se avecina un debate que no sólo examinará una reforma técnica, sino la capacidad institucional del estado para consolidar una cultura de prevención, donde la seguridad de la niñez no sea una excepción normativa, sino una prioridad permanente.
