Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- En las aulas de nivel medio y medio superior, el consumo de vapeadores y tabaco entre menores de edad ha dejado de ser una conducta marginal para convertirse en una práctica visible y, en algunos casos, normalizada. Frente a este fenómeno, la autoridad educativa municipal ha optado por una estrategia preventiva centrada en la concientización, al tiempo que mantiene en pausa mecanismos más intrusivos como la denominada “Operación Mochila”.
El director de Educación en Altamira, Mario Ortiz Sánchez, reconoce que el problema exige una respuesta integral. “Coincidimos en la necesidad de evitar el uso de vapeadores y el consumo de tabaco en alumnos menores de edad. Es un tema primordial”, afirma, al respaldar los planteamientos que buscan restringir estas prácticas desde el ámbito legal y educativo.
La política adoptada por la dependencia no ha sido punitiva, sino pedagógica. Desde el inicio del ciclo escolar, se han implementado campañas informativas dirigidas a estudiantes de secundaria y niveles superiores, con el objetivo de advertir sobre los riesgos asociados al consumo de estos productos. “Se ha realizado una campaña desde inicio en secundaria y otros niveles acerca del no uso de vapeadores por ser dañinos y no estar en condiciones adecuadas para los estudiantes”, explica Ortiz Sánchez.
Estas acciones incluyen pláticas, distribución de material informativo y acercamientos directos con los alumnos. El enfoque, precisó el funcionario, no se limita a prohibir, sino a incidir en la toma de decisiones de los jóvenes. “Hay pláticas, trípticos y acercamiento con cada alumno menor de edad para que eviten, posterguen o erradiquen de su vida ese tipo de productos”, puntualiza.
Sin embargo, uno de los instrumentos más debatidos en el ámbito escolar —la revisión de mochilas— no ha sido aplicado en su totalidad durante el presente ciclo. La razón, según el director, responde a la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los estudiantes. “La Operación Mochila no se ha llevado al 100% debido a que hemos cuidado el tema de los derechos de cada uno de los alumnos”, señala.
El funcionario abre la puerta a una eventual reactivación del programa, siempre bajo condiciones que garanticen su carácter preventivo y no coercitivo. En ese sentido, propone la necesidad de coordinación con organismos especializados. “La idea es dialogar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para llegar a un acuerdo que permita actuar sin vulnerar derechos”, indica.
Ortiz Sánchez insiste en que cualquier medida debe partir de un equilibrio entre la seguridad escolar y el respeto a las garantías individuales. La revisión de pertenencias, sostiene, debe entenderse como una herramienta de prevención y no como un mecanismo de control.
Más allá de las políticas institucionales, el director detalló que la solución de fondo se encuentra en el entorno familiar. “El apoyo más grande que tenemos como planteles educativos es el de los padres de familia desde el hogar; al cuidar a sus hijos, cuidamos a toda la comunidad educativa”, afirma.
