Por Agustin Peña Cruz
Tampico, Tamps.- En medio de un clima de tensión entre el poder legislativo y el gremio periodístico, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo matizó el alcance de una iniciativa que ha generado inquietud por su posible impacto en la libertad de expresión. En una entrevista marcada por el intercambio directo, la legisladora sostuvo que el proyecto no busca imponer condiciones al ejercicio del periodismo, sino constituir un organismo autónomo que contribuya a dignificar la profesión.
Desde el inicio del diálogo, la diputada insistió en que cualquier lectura sobre la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta debe partir de una comprensión integral del documento. “Hay que entender la iniciativa para poder decir que es improcedente”, afirmó, en respuesta a cuestionamientos sobre el control de convencionalidad y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El eje de su دفاع argumentativo se centró en deslindar la propuesta de cualquier intento por restringir derechos fundamentales. “La libertad de expresión la tenemos todos, es un derecho humano… no podemos atentar contra la libertad de expresión. No se puede, es imposible”, subrayó. En ese sentido, rechazó que la iniciativa contemple la exigencia de títulos profesionales o la obligatoriedad de pertenecer a un colegio, aspectos que han sido señalados por críticos como potencialmente violatorios de estándares internacionales.
La legisladora fue enfática: “No habla que estamos pidiendo una carrera… no dice que seas licenciado en comunicación o en periodismo”. Por el contrario, explicó que el planteamiento busca replicar esquemas ya existentes en otras profesiones, como los colegios de abogados o médicos, bajo una lógica de organización interna y autorregulación. “Se busca que se les pueda dignificar su trabajo porque el periodismo es una profesión… necesita ser dignificado”, añadió.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el origen de la iniciativa. Lejos de asumirla como una propuesta personal, Jaime Castillo reiteró que su papel se limitó a canalizar una solicitud ciudadana. “Esta iniciativa no surgió de mi cabeza… surgió de haber escuchado a un grupo de periodistas que me buscaron en más de tres ocasiones”, explicó. Según su versión, el grupo entregó un documento firmado que sirvió como base para el proyecto legislativo.
La diputada detalló que, tras recibir el documento, se realizó una revisión con su equipo de asesores para evaluar su viabilidad jurídica. “Me entregan el documento firmado, yo lo reviso… y buscamos la manera de poder concederle lo que ellos querían”, señaló. No obstante, reconoció que no todos los planteamientos originales pudieron ser incorporados, lo que derivó en una propuesta ajustada que, insiste, no invade competencias estatales ni limita derechos.
Ante las críticas sobre una posible intervención gubernamental en el organismo propuesto, la legisladora negó categóricamente cualquier injerencia. “Es un organismo autónomo. El gobierno no va a tener injerencia”, afirmó, al tiempo que retó a sus interlocutores a señalar en el texto cualquier disposición que contradijera esa premisa. “No habla de gobierno… enséñamelo y yo voy a aceptar mi error”, sostuvo.
El debate también giró en torno a la protección efectiva de los periodistas en contextos de riesgo. Aunque se cuestionó si la iniciativa podría traducirse en mecanismos reales de seguridad, la diputada insistió en que el objetivo es generar un marco de respaldo jurídico desde la propia organización del gremio. “Ustedes puedan establecer sus lineamientos… ustedes mismos se protegen”, dijo, en referencia a la posible función del organismo.
Sin embargo, el punto más delicado surgió al confrontar la iniciativa con los criterios internacionales en materia de libertad de expresión, particularmente aquellos que prohíben la colegiación obligatoria. Frente a ello, Jaime Castillo reiteró que el proyecto no contempla ninguna obligación. “No estamos hablando de una obligación… estamos malentendiendo la iniciativa”, insistió, marcando distancia con cualquier interpretación que sugiera coerción.
A lo largo del intercambio, la legisladora también reconoció la posibilidad de que la iniciativa no prospere. En un giro que refleja cautela política, admitió que el proceso legislativo contempla filtros que podrían derivar en su desechamiento. “La iniciativa solamente es una iniciativa… tiene que pasar a estudio”, explicó. Y añadió: “¿Qué podría pasar cuando no hay un acuerdo? Se declare improcedente y no sucederá”.
Este reconocimiento no solo evidencia la naturaleza preliminar del proyecto, sino también una estrategia discursiva orientada a reducir la presión pública. “No es que en este momento vaya a ser aprobada”, puntualizó, al tiempo que defendió el valor del debate como parte del proceso democrático. “De eso se trata, de que podamos tener diferentes ideas”, afirmó.
En ese contexto, la diputada reivindicó su papel como intermediaria entre la ciudadanía y el Congreso. “Nuestro trabajo es escuchar a la gente… saber por dónde podemos llegar”, expresó. Bajo esa lógica, justificó la ausencia de foros abiertos con periodistas independientes, argumentando que la iniciativa surgió de un grupo específico que solicitó su intervención. “Ellos me buscaron… mi trabajo fue escucharlos”, concluyó.
El episodio deja al descubierto las tensiones entre regulación y libertad en el ejercicio periodístico, así como los desafíos de traducir demandas gremiales en iniciativas legislativas sin vulnerar derechos fundamentales. Mientras el proyecto avanza en su fase de análisis, el debate público se intensifica, poniendo a prueba no solo la viabilidad jurídica de la propuesta, sino también la capacidad del sistema político para procesar disensos en torno a uno de los pilares de la democracia: la libertad de expresión.
