El presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la publicación de la lista definitiva de aspirantes al Consejo General del INE. El recurso señala que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) desacató un mandato judicial que exigía la integración de perfiles de grupos vulnerables en cada una de las quintetas de finalistas.
Rodríguez Fuentes, quien participa en el proceso bajo la acción afirmativa de la comunidad LGBTTTIQA+, sostiene que el Comité marginó sin fundamento técnico a candidatos que ya habían demostrado su idoneidad en las etapas previas del concurso.
Incumplimiento de la sentencia de la Sala Superior
La queja se fundamenta en la presunta violación a una sentencia previa de la Sala Superior del TEPJF. Dicho fallo obligaba al CTE a garantizar que la diversidad y la inclusión no fueran meros conceptos retóricos, sino que se materializaran con al menos un representante de minorías históricamente marginadas en cada grupo de cinco seleccionados.
De acuerdo con el documento de impugnación, el Comité presentó un desbalance crítico:
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Representación mínima: De los 50 perfiles finalistas, el CTE solo reconoció a dos personas dentro de los grupos vulnerados.
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Sesgo en las cuotas: Los únicos seleccionados bajo criterios de inclusión fueron Alejandra Tello y Armando Hernández Cruz, ambos inscritos por la acción de discapacidad.
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Exclusión de la diversidad sexual: Se acusa la omisión total de perfiles que representan a la población LGBTTTIQA+, limitando la pluralidad del órgano electoral nacional.
Una lesión a los derechos colectivos
Para el consejero coahuilense, esta decisión no solo afecta sus aspiraciones personales, sino que representa un retroceso en la lucha por la representación política. «Esta situación vulnera y excluye de manera injustificada a quienes tienen el derecho legítimo de integrar los órganos de decisión del Estado», argumentó el demandante.
Rodríguez Fuentes enfatizó que el incumplimiento del Comité Técnico de Evaluación genera un daño estructural a los grupos históricamente vulnerados. Al no permitir que perfiles calificados de la diversidad sexual alcancen las etapas finales, se bloquea la posibilidad de que el Consejo General del INE refleje la composición real y plural de la sociedad mexicana.
El Tribunal Electoral deberá resolver si el proceso de selección debe reponerse o ajustarse para cumplir con los criterios de paridad e inclusión que marca la ley en este 2026.