El Congreso del Estado descartó la existencia de una persecución política en contra de Mario López Hernández, exalcalde de Matamoros y actual diputado federal. Esta postura surge tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas de su administración, las cuales presentan presuntas irregularidades financieras.
Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local, aseguró que el proceso responde estrictamente a revisiones técnicas de la ASE. El legislador rechazó cualquier motivación política, pese a las recientes declaraciones de López Hernández, quien acusó a figuras estatales de su propio partido de presuntas actividades ilícitas relacionadas con el combustible.
Detalles de las observaciones financieras
La cuenta pública 2023 del municipio de Matamoros presenta irregularidades que ascenderían a aproximadamente 300 millones de pesos. Esta cifra fue revelada previamente por el diputado Humberto Prieto Herrera, marcando el inicio del periodo de aclaraciones.
Vargas Fernández explicó los pasos a seguir en el proceso legal:
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Plazos de solvatación: El exalcalde y sus exfuncionarios deben presentar pruebas para aclarar el destino de los recursos dentro de los tiempos que marca la ley.
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Responsabilidad jurídica: De confirmarse un manejo indebido de fondos, la ASE tiene la obligación de interponer las denuncias penales correspondientes.
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Prescripción de delitos: Los delitos por malversación de recursos prescriben en cinco años, extendiéndose hasta siete años en casos graves, lo que otorga al Congreso el tiempo legal necesario para resolver el caso.
El legislador local enfatizó que el procedimiento es institucional y que la responsabilidad de presentar las solventaciones recae directamente en López Hernández para evitar consecuencias jurídicas mayores ante la autoridad fiscalizadora.