Frida Denisse Gómez Puga, consejera tamaulipeca del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció la falsificación de su firma en una querella presentada el pasado 11 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR). El documento apócrifo señalaba a Octavio García González, director de Administración del organismo, por presuntos delitos federales.
La funcionaria, quien asumió el cargo hace apenas 21 días, se deslindó categóricamente del escrito y anunció que emprenderá acciones legales ante las autoridades correspondientes. «La firma que aparece en ese documento no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica», precisó Gómez Puga.
Detalles de la denuncia apócrifa
El documento ingresado a la FGR acusaba a García González de ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y falsedad en informes. La denuncia vinculaba al administrador con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un contrato de 63 millones de pesos otorgado a la empresa Comercializadora JVLY SA de CV.
Según las observaciones de la ASF, el INE no acreditó la entrega de materiales para capacitación electoral en 2024, pese a realizar el pago. La denuncia falsa argumentaba que García González, aunque asumió el cargo en septiembre de 2025, fue omiso al no presentar denuncias contra el proveedor ni recuperar los recursos públicos.
Impacto en la integridad institucional
Gómez Puga calificó estos actos como un intento de dañar su gestión y la confianza pública en el sistema democrático. La consejera enfatizó los siguientes puntos en su mensaje:
-
Deslinde total: El escrito no fue elaborado, autorizado ni presentado por su oficina.
-
Afectación institucional: La falsificación de documentos de autoridades electorales vulnera la legalidad del País.
-
Investigación en curso: Confió en que las instancias competentes esclarecerán el origen del documento y deslindarán responsabilidades.
Relevancia del contexto administrativo
Esta controversia surge en el marco de la salida de Octavio García González, quien deja la Dirección de Administración este viernes. El funcionario ha enfrentado cuestionamientos por su transición de proveedor de materiales electorales a administrador del presupuesto del INE, además de señalamientos por presunto favorecimiento a empresas.
La consejera concluyó con un llamado a evitar la difusión de información no verificada, señalando que la desinformación en procesos de fiscalización afecta directamente la integridad del Instituto y la transparencia del debate público.