La dirigencia de Morena en Sonora relevó a Blanca Diva Ponce Caro de sus funciones como secretaria de la sección 89 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. El partido tomó la decisión tras confirmarse que Ponce Caro se desempeña como jueza penal electa del Circuito 2.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena informó que la remoción responde a una incompatibilidad legal, ya que la responsabilidad administrativa de la funcionaria le impide ejercer funciones dentro de cualquier partido político. En consecuencia, el partido también la dará de baja de su padrón de militantes.
Incompatibilidad tras la toma de protesta
Ponce Caro participó el pasado sábado en un evento masivo encabezado por el dirigente estatal de Morena, David Mendoza. En dicho acto se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios de grupos seccionales y se instaló el Consejo Municipal de Morena en Cajeme, del cual formaba parte la juzgadora.
El Comité Estatal aclaró que el cargo que ocupaba Ponce Caro no recibía remuneración ni representaba una alta responsabilidad jerárquica en el partido. No obstante, la dirigencia anunció que Georgina López Zepeda, quien obtuvo el tercer lugar en el proceso de elección interna, asumirá la secretaría de la sección 899.
Normativa interna y la reforma al Poder Judicial
El Consejo Nacional de Morena aprobó en julio de 2025 los Lineamientos de Operación de los Comités. Estos reglamentos exigen a los integrantes promover actividades del partido, movilizar el voto y difundir el periódico Regeneración, tareas que entran en conflicto directo con la neutralidad judicial.
Tras la reciente reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo, la Constitución obliga a las entidades federativas a garantizar la independencia de magistrados y jueces. Específicamente, la Constitución de Sonora prohíbe a los juzgadores aceptar cargos en el Gobierno, municipios o instancias particulares.
Ponce Caro, quien en su campaña de mayo de 2025 prometió transformar el Poder Judicial para aplicar rigurosamente la ley, deja el cargo partidista para cumplir con el marco constitucional que regula a los nuevos miembros de la judicatura local.