En todo el territorio nacional es fundamental garantizar la integralidad de la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres con capacidad de gestar; bajo ningún supuesto, el ejercicio de la objeción de conciencia del personal de salud puede limitar o menoscabar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, principalmente el de la salud.
Por ello, el Gobierno de México impulsa, a través de la Secretaría de Salud, mejoras en el acceso y la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, con el propósito de responder a las necesidades más apremiantes y los efectos diferenciales en la salud de mujeres con capacidad de gestar.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) señala que la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes también requiere el acceso universal a educación integral en sexualidad, el respeto irrestricto de las decisiones informadas y conscientes de las niñas y adolescentes, con el objetivo de garantizarles el entorno adecuado para la toma de decisiones, privilegiar su interés superior en el diseño de programas y políticas públicas; tomar en consideración sus capacidades evolutivas, así como el contexto sociocultural en el que se desarrollan.
En la agenda pública regional para la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes, es una necesidad histórica respetar los criterios del abordaje clínico y de la disponibilidad y acceso a los servicios.
El CNEGSR señala también que es obligación de las autoridades estatales, a través de sus unidades de salud, generar los mecanismos y rutas necesarias para proveer servicios de salud, incluyendo los relacionados con el acceso a un aborto seguro, cuando sea de su conocimiento que existe personal objetor de conciencia.
La atención comprehensiva del aborto, que incluye la provisión de información, el tratamiento del aborto y la atención posaborto, es un componente integral de la salud sexual y reproductiva y es una intervención en el cuidado de la salud simple, segura que salva la vida de mujeres y niñas, y salvaguarda su dignidad y autonomía corporal, indica el CNEGSR.
En el último año, el marco legal sobre el aborto ha estado en debate y cambiando a gran velocidad en todo el continente. Los gobiernos de varios países de Latinoamérica han propuesto políticas públicas que centran los derechos humanos vinculados a la protección de la salud.
De manera contingente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2022 una actualización de las directrices para el abordaje del aborto seguro. Más allá del clínico, se centra en que la disposición, disponibilidad, acceso y calidad de los servicios debe alinearse con la garantía de los derechos humanos.
Estas directrices están enfocadas en erradicar los riesgos que corren las mujeres por abortos inseguros en contextos de desigualdad, como en América Latina, donde ocurre la mayor proporción de embarazos no deseados y de abortos inseguros cada año, pero hay evidencia que esta situación se presenta también en población afroamericana en Estados Unidos, quien encuentra mayores barreras en el acceso a servicios de aborto seguro y ven restringidos sus derechos, en comparación con la población blanca o incluso latina, según reportó The Lancet en 2020.
La Secretaría de Salud indica que la promoción de altos estándares en la atención del aborto seguro puede tener efectos positivos en la vida de las mujeres y niñas, sobre todo aquellas que se encuentran en condiciones más vulnerables o que han enfrentado daños severos a su salud por la violencia sexual.
En ese contexto, la dependencia hace un llamado a la acción para respetar la progresividad de los derechos, y subraya el compromiso de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la detección oportuna de signos de violencia, el diseño de programas de referencia y atención a la violencia.
Más allá de las diferencias y contextos nacionales, los países requieren una agenda que coadyuve al avance de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, fomentando la cooperación y sentando las bases para una vida más justa y libre de violencia para las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva publicó el Llamado a la acción para garantizar la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos, que se puede consultar en https://bit.ly/GarDSyDR
