Activistas venezolanos están preocupados por un proyecto de ley en desarrollo que, según denuncian, distorsiona la definición de fascismo y busca perseguir ideas y censurar creencias. La propuesta, promovida por el régimen, define al fascismo de manera amplia, incluyendo características como asumir la violencia como método político y denigrar la democracia.
Según Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia, esta ley podría ser peligrosa y regresiva, permitiendo la persecución de ideas y la censura de creencias legítimas. Advierte que el concepto de fascismo se distorsiona y se amplía de manera arbitraria, lo que podría llevar a la persecución de cualquier expresión del pensamiento.
La ley, de aprobarse, podría aumentar el miedo en la sociedad y restringir la libertad de expresión, afectando a partidos políticos y organizaciones que se autodenominan liberales. Organizaciones como Provea, la Universidad Central de Venezuela y el Colegio Nacional de Periodistas han expresado su rechazo a la propuesta, considerándola un avance hacia un modelo de gobierno totalitario que amenaza los derechos humanos.
