Más de 100 ONG internacionales, entre las que se encuentran Plan International, Oxfam y Entreculturas, han denunciado a través de un comunicado conjunto el «bloqueo» de ayuda a Gaza y han exigido la apertura «inmediata» de los pasos fronterizos.
En este sentido, exponen que la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar en Gaza «ni un solo camión con suministros vitales desde el 2 de marzo».
Igualmente, apuntan que, en lugar de liberar el «creciente atasco de mercancías», las autoridades israelíes «han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir artículos esenciales, alegando que dichas organizaciones ‘no están autorizadas para entregar ayuda’«. Así, añaden que en julio más de 60 solicitudes fueron denegadas con esta justificación.
En esta línea, explican que ONG ahora consideradas ‘no autorizadas’ para entregar ayuda han trabajado en Gaza durante décadas, «cuentan con la confianza de las comunidades y tienen experiencia en distribuirla de forma segura«. «Su exclusión ha dejado a hospitales sin suministros básicos y ha provocado que niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores mueran de hambre y enfermedades prevenibles, mientras las propias personas trabajadoras humanitarias acuden a su labor con hambre», lamentan.
También precisan que la obstrucción está vinculada a las nuevas normas de registro para ONG internacionales (INGO) introducidas en marzo. Según estas nuevas reglas, el registro puede ser denegado con base en criterios vagos y politizados, como la supuesta «deslegitimación» del Estado de Israel.
Las ONG internacionales advirtieron de que el proceso estaba diseñado «para controlar a las organizaciones independientes, silenciar su labor de incidencia y censurar los informes humanitarios». «Este nuevo obstáculo burocrático es incompatible con el derecho internacional vigente, pues refuerza el control y la anexión por parte de Israel del Territorio Palestino Ocupado», apuntan.
En esta línea, advierten de que, a menos que las ONG internacionales acepten todos los requisitos de registro, «muchas podrían verse obligadas a detener sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y retirar a todo su personal internacional en un plazo de 60 días». Además, avisan de que algunas organizaciones han recibido un «ultimátum» de siete días para proporcionar las listas de personal palestino.
En cuanto a estos datos, las ONG han dejado claro que compartir esta información es «ilegal» (incluyendo la normativa de protección de datos aplicable), «inseguro e incompatible con los principios humanitarios». «En el contexto más mortífero del mundo para el personal humanitario, donde el 98% de los trabajadores asesinados eran palestinos, no hay garantías de que entregar esta información no ponga en mayor riesgo al personal o no se utilice para favorecer los objetivos militares y políticos declarados por el gobierno de Israel», argumentan.
Por todo ello, piden a los Estados y donantes a «presionar a Israel para que ponga fin a la instrumentalización de la ayuda, incluida la obstrucción burocrática como los procedimientos de registro para ONG internacionales».
También abogan por insistir en «que no se obligue a las ONG internacionales a compartir información personal sensible, en violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ni a poner en riesgo la seguridad o independencia del personal como condición para entregar ayuda«.
Finalmente, apuestan por exigir la apertura «inmediata e incondicional» de todos los pasos fronterizos y las condiciones necesarias para la entrega de ayuda humanitaria vital.
