Por Agustin Peña Cruz
Tampico, Tamps.- En un momento en que el debate público sobre la regulación del ejercicio periodístico ha cobrado relevancia con respecto a la propuesta de la legisladora local morenista Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, el regidor de Tampico y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Cuitláhuac Ortega Maldonado, fijó una postura: rechaza la propuesta de obligar a los comunicadores a integrarse a un colegio profesional para poder ejercer su labor, al considerar que dicha medida contraviene principios fundamentales de libertad.
En entrevista exclusiva, el exlegislador local subrayó que el derecho a informar no puede quedar supeditado a requisitos gremiales o académicos. “Cualquier ciudadano tiene derecho a trabajar como periodista, independientemente tengan carrera o no”, afirmó, al tiempo que precisó que la práctica ha demostrado que el talento y la capacidad informativa no siempre dependen de una formación formal. “Muchos que están en el periodismo, inclusive que no tienen estudios, a veces hacen mejor trabajo que los que sí tienen”, sostuvo.
El posicionamiento se inscribe en un contexto más amplio de transformación digital, donde las redes sociales han alterado de manera profunda las dinámicas tradicionales de producción y difusión de contenidos informativos. Ortega Maldonado consideró que pretender regular el acceso al periodismo mediante esquemas clásicos resulta anacrónico frente a esta nueva realidad. “De acuerdo a lo que estamos viviendo con el tema de las redes sociales, eso ya creo que es cosa del pasado”, señaló, en referencia a los intentos de institucionalizar la actividad periodística bajo modelos rígidos.
El regidor también abordó el papel del Poder Legislativo en este tipo de iniciativas. Desde su experiencia, advirtió que los diputados deben concentrarse en generar normas que respondan a las condiciones sociales vigentes, sin invadir ámbitos que corresponden a la organización civil o profesional. “Los diputados lo que tienen que legislar es normas de convivencia en la sociedad de acuerdo a la época”, explicó, al enfatizar que la evolución normativa debe ir de la mano con los cambios tecnológicos y culturales.
En ese sentido, apuntó que el ecosistema informativo actual rebasa por mucho a los medios tradicionales, lo que obliga a replantear cualquier intento de regulación. “Tenemos una actualidad donde las redes sociales sobrepasan por mucho a los medios tradicionales”, dijo. Bajo esta lógica, insistió en que la ley debe mantenerse abierta para permitir que cualquier ciudadano pueda participar en la generación y difusión de información.
Ortega Maldonado llevó la discusión al terreno de los derechos humanos, al advertir que imponer restricciones al ejercicio periodístico podría vulnerar la libertad de expresión. “No podemos ir en contra de los derechos de la ciudadanía”, expresó, al vincular este principio con la noción de un gobierno de corte humanista. En su opinión, cualquier política pública en la materia debe partir del reconocimiento de este derecho como un eje central.
No obstante, el regidor reconoció que el ejercicio de la libertad informativa no está exento de retos. En particular, hizo referencia a la necesidad de garantizar que los contenidos difundidos sean veraces, especialmente en un entorno donde la desinformación puede propagarse con rapidez. “Tal vez tengan que regular eso, de que lo que se opine o se informe sean cosas verídicas”, indicó.
Esta precisión introduce un matiz relevante en su postura: si bien rechaza la colegiación obligatoria como mecanismo de control, no descarta la pertinencia de establecer criterios que fortalezcan la calidad y confiabilidad de la información. La línea, sin embargo, es que dichas medidas no deben traducirse en prohibiciones o barreras de acceso para quienes deseen ejercer el periodismo. “Pero no en prohibir a la gente ejercer el periodismo”, remarcó.
La postura de Ortega Maldonado refleja una tensión recurrente en las democracias actuales: cómo equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad informativa en un entorno digital cada vez más complejo. En este caso, su posición se inclina decididamente hacia la defensa de un modelo abierto, donde el derecho a informar prevalezca sobre cualquier intento de regulación restrictiva, incluso bajo el argumento de profesionalización.
El debate, adelantó, deberá continuar en instancias legislativas, pero con un punto de partida claro: reconocer que el periodismo, más que un privilegio condicionado, es una expresión directa de las libertades fundamentales de la sociedad.
