Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- En un entorno político marcado por el debate sobre los alcances de la libertad de expresión y la viabilidad de nuevas figuras regulatorias, el diputado local Marcelo Abundis delineó una postura que combina técnica jurídica, prudencia legislativa y apertura democrática. Tras su asistencia en la conferencia matutina número 236, el legislador entregó su primer informe de actividades al alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, en un acto que, más allá de lo protocolario, reflejó la intención de mantener canales institucionales de comunicación.
“Tenía pendiente la entrega de mi primer año legislativo al alcalde… y que estemos como siempre en comunicación y compartiendo la información adecuada para que estemos enterados de lo que estamos haciendo todos”, señaló el diputado, subrayando la importancia de la transparencia en el ejercicio público.
Con formación en derecho, Abundis ha optado por una práctica legislativa que privilegia la argumentación directa ante la ciudadanía. En lo que va del segundo año de funciones, ha presentado alrededor de 16 iniciativas, con un promedio de tres a cuatro por mes. Sin embargo, el legislador matiza la cifra con un criterio de calidad sobre cantidad: “Ya no se trata de meter por meter, hacer por hacer. Las iniciativas tienen que pensarse muy bien y sobre todo ir valorando las necesidades de la gente”.
En ese mismo sentido, defendió el proceso institucional que permite a los legisladores presentar propuestas tanto por oficialía de partes como en tribuna, aunque dejó clara su preferencia personal: “Yo respeto la forma en que cada compañero presenta sus iniciativas… yo en lo personal prefiero hacerlo directamente en la tribuna para poder dar una explicación más precisa a los ciudadanos y que sepan por viva voz qué estamos proponiendo”.
La declaración adquiere relevancia en medio de la controversia generada por una iniciativa que proponía la creación de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas”, con facultades para supervisar la ética informativa. El proyecto, impulsado por la diputada Cynthia Jaime Castillo, fue finalmente frenado por falta de consenso político y cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Sin entrar en descalificaciones, Abundis fijó una posición basada en principios: “Me gustaría leerla… desconozco totalmente cómo está planteada esa iniciativa”, dijo, aunque anticipó un criterio inamovible: “La libertad de expresión debe estar abierta siempre”.
Desde una perspectiva jurídica, su postura se alinea con los estándares del control de convencionalidad y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que prohíben cualquier forma de censura previa o restricción indebida a la libre manifestación de ideas. En palabras del propio legislador: “Jamás debe de ser cerrada la comunicación… no podemos limitar ni coaccionar la libertad de expresión”.
El contexto político ha evidenciado tensiones entre la intención de regular y la necesidad de garantizar derechos fundamentales. Autoridades estatales y el propio Congreso han considerado improcedente la propuesta del colegio de periodistas, al advertir que podría derivar en mecanismos indirectos de control sobre los contenidos informativos.
Para Abundis, el problema no radica únicamente en el contenido de las iniciativas, sino en su proceso de gestación. “La más correcta es la comunicación directa con los grupos de impacto… lo más prudente es consultar a todos los grupos, en especial los vulnerables”, afirmó, enfatizando la necesidad de construir consensos antes de legislar.
Esta visión, que privilegia el diálogo plural, contrasta con prácticas legislativas que, según diversos actores, han omitido procesos de socialización adecuados. En ese sentido, el diputado sugiere que la legitimidad de una norma no solo depende de su redacción técnica, sino del respaldo social que la sustenta.
Al cierre de la entrevista, Abundis reiteró su disposición a analizar cualquier propuesta con rigor jurídico, pero sin renunciar a principios fundamentales. El enfoque, más cercano a la deliberación que a la imposición, refleja una concepción del poder legislativo como espacio de equilibrio entre la representación política y la defensa de derechos.
En el escenario reciente donde las iniciativas pueden convertirse en instrumentos de transformación o de controversia, la ruta planteada por el legislador apunta hacia un principio básico del constitucionalismo moderno: ninguna reforma es válida si compromete las libertades que pretende regular.
