Un ataque con cilindro bomba en la Vía Panamericana, que resultó en la muerte de 19 civiles, ha trasladado la crisis de seguridad del suroeste colombiano al centro del debate electoral. El atentado, ocurrido en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, es atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC.
Este hecho ocurre a solo 36 días de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, provocando un intercambio de acusaciones entre los principales aspirantes a la Casa de Nariño sobre el manejo del conflicto armado.
Choque de posturas entre candidatos
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, condenó el acto de barbarie, pero sugirió que estos hechos podrían buscar favorecer a la extrema derecha mediante el miedo. Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó estas afirmaciones y señaló que el deterioro del orden público es consecuencia del fracaso de la política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro.
Otras figuras políticas también fijaron postura:
-
Abelardo de la Espriella (Firmes por la Patria): Propuso una «guerra frontal» sin negociaciones contra los grupos armados.
-
Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso): Afirmó que la seguridad del Estado requiere una revisión urgente ante el debilitamiento de la autoridad.
Escalada de violencia en el suroeste
El atentado en Cajibío forma parte de una ofensiva violenta en la región. En días recientes se registraron ataques con explosivos contra unidades militares en Cali y Palmira, además del sabotaje a un radar de la Aeronáutica Civil en El Tambo, Cauca.
El Ejército vincula estas acciones al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco. Mientras las autoridades intensifican la búsqueda del cabecilla, el clima de inseguridad pone a prueba la estrategia gubernamental de diálogos y sometimiento a la justicia de grupos criminales como el Clan del Golfo.
