Por Agustín Peña Cruz
Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció su separación temporal del cargo la noche de este viernes en medio de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República, en un episodio que escala en complejidad tras la difusión de una acusación formal en Estados Unidos que lo vincula, junto a otros funcionarios, con presuntas redes de narcotráfico y corrupción institucional.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario sostuvo: “Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras”, al tiempo que calificó los señalamientos como “falsos y dolosos”. Subrayó que su decisión de solicitar licencia responde a “una profunda convicción republicana” y a la intención de facilitar las indagatorias sin interferencias del poder público.
La investigación en territorio mexicano se produce en paralelo a una acusación presentada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, donde fiscales estadounidenses sostienen que el gobernador habría formado parte de una presunta asociación delictuosa vinculada al tráfico internacional de drogas. Según el documento judicial, el llamado Cártel de Sinaloa habría operado con apoyo de funcionarios públicos para introducir narcóticos —incluidos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina— a Estados Unidos .
El expediente describe una estructura de corrupción sistémica en la que autoridades habrían facilitado información sensible, protección operativa y control territorial a cambio de sobornos. En ese contexto, se señala que “políticos y agentes del orden público corruptos… han abusado de su autoridad en beneficio del cartel” . La acusación incluye a varios funcionarios de distintos niveles, presuntamente implicados en garantizar impunidad a una de las organizaciones criminales más influyentes del hemisferio.
De acuerdo con el documento, el grupo criminal habría consolidado una red de complicidades que permitió la exportación masiva de drogas hacia Estados Unidos durante más de una década, generando miles de millones de dólares en ganancias ilícitas . La investigación también detalla incautaciones recientes, como decomisos de cientos de miles de pastillas de fentanilo y toneladas de metanfetamina en estados fronterizos, lo que evidencia la magnitud del flujo de estupefacientes.
El caso adquiere relevancia adicional por el contexto de la crisis de opioides en Estados Unidos, donde el fentanilo —un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína— ha sido una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes en los últimos años . Autoridades estadounidenses han señalado reiteradamente a organizaciones mexicanas como actores clave en la producción y distribución de esta sustancia.
Frente a este escenario, Rocha Moya reiteró su postura de inocencia: “A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado”, afirmó. Añadió que enfrentará las acusaciones “con firmeza en el momento que las instituciones de justicia lo requieran”, insistiendo en que su trayectoria pública respalda su integridad.
El mandatario también advirtió sobre posibles motivaciones políticas detrás de los señalamientos. “No voy a permitir que se me utilice para dañar al movimiento al que pertenezco”, declaró, en referencia a Morena, partido que lo llevó al poder en 2021. En su mensaje, defendió el proyecto político al que pertenece, asegurando que “México seguirá cambiando para bien”.
Analistas a nivel nacional coinciden en que el caso podría tener implicaciones profundas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, así como en la percepción internacional sobre la penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales. La coexistencia de investigaciones en ambos países abre un escenario jurídico complejo, donde podrían converger procesos de cooperación internacional, solicitudes de información y eventuales órdenes de aprehensión.
Mientras tanto, la licencia temporal del gobernador será discutida por el Congreso local, que deberá determinar el mecanismo de sustitución provisional. En lo inmediato, el foco permanece en el desarrollo de las investigaciones y en la capacidad de las instituciones para esclarecer los hechos en un caso que, por su dimensión, trasciende el ámbito estatal y se inscribe en la agenda global de combate al narcotráfico.
