La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación contra René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por el presunto desvío de 13.7 millones de pesos. El expediente señala que los recursos, destinados al mantenimiento de la sede nacional en Zacatecas, se utilizaron ilegalmente para una construcción industrial inconclusa.
Este proceso representa el séptimo expediente judicial contra Gavira Segreste, quien permanece interno en el Reclusorio Norte desde 2023. En esta ocasión, la FGR busca la vinculación a proceso por el delito de peculado, extendiendo la responsabilidad a siete de sus antiguos colaboradores dentro de la paraestatal.
Irregularidades en el contrato de mantenimiento
La investigación se centra en el contrato CSS/020/2019, otorgado mediante adjudicación directa a la empresa Inmobiliaria Terbix S.A. de C.V. por un monto global superior a los 70 millones de pesos. Según la denuncia presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Segalmex, la empresa cobró por servicios que nunca se realizaron.
En lugar de efectuar la reubicación de muros, adecuación de tablaroca y mantenimiento general del inmueble denominado «polígono» en Zacatecas, la proveedora edificó dos estructuras de acero tipo contenedor de dos plantas. Los peritajes de la FGR confirman que una de estas construcciones se encuentra inconclusa, evidenciando que el objeto del contrato fue alterado totalmente.
Red de exfuncionarios implicados
La adjudicación fue autorizada por el Comité de Adquisiciones de Segalmex, lo que involucra a una red de exdirectivos y gerentes. Además de Gavira, la Fiscalía señala a figuras clave como:
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Manuel Lozano Jiménez: Ex director Comercial (detenido en Argentina).
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Alejandro de Jesús Kuri Olivera: Ex gerente de Recursos Materiales.
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Aureliano Medina Ortíz: Ex titular de la Unidad Jurídica.
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Juan Bautista Rojas Fontes: Ex gerente de Control Presupuestal.
La acusación sostiene que existió un acuerdo deliberado para omitir la licitación pública y pagar por servicios no estipulados. Demetrio Rodríguez Armas, representante jurídico de la institución, aportó tres facturas que suman la cifra desviada como prueba fundamental del daño al erario.
Conflicto de competencia judicial
Pese a la solidez de las pruebas, el caso enfrenta un retraso administrativo. El mes pasado, la juez de control Nora Ileana García Peralta se declaró incompetente para tramitar el asunto, bajo el argumento de que los hechos ocurrieron en Zacatecas y no en la Ciudad de México. El expediente fue turnado a un juzgado federal en territorio zacatecano, el cual aún debe determinar si acepta la competencia para iniciar la audiencia inicial.
Este nuevo proceso refuerza el historial delictivo en torno a la gestión de Segalmex, donde la inspección al «polígono Zacatecas» sugiere que el modus operandi de pagar obras inexistentes o alteradas podría haberse replicado en otras 28 entidades federativas.
