El retiro de visados estadounidenses a políticos de oposición, magistrados y directivos de medios de comunicación en Costa Rica se ha incrementado durante el último año. La situación ha generado una fuerte controversia en el país, especialmente por la cercanía entre el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y la administración de su homólogo Donald Trump.
El caso más reciente involucra a la junta directiva del diario La Nación. El medio, con 79 años de trayectoria y crítico recurrente de la gestión de Chaves, denunció el retiro de las visas de sus directivos, calificando el hecho como «inédito en la historia reciente» del país y reafirmando su compromiso con el periodismo independiente.
Reacciones políticas y solicitudes de explicación
La diputada opositora Claudia Dobles solicitó formalmente al Gobierno aclarar si existió alguna injerencia en estas decisiones. Por su parte, organizaciones como el Colegio de Periodistas y el Iplex instaron a la Cancillería a pedir explicaciones a Washington, advirtiendo que, si las sanciones derivan de posturas críticas al Ejecutivo, representarían una amenaza para el sistema democrático.
El origen de las restricciones
La tendencia de retiro de visados comenzó tras la visita a San José del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de 2025. En dicho encuentro, el funcionario advirtió sobre sanciones a quienes colaboren con actores extranjeros considerados una amenaza para Estados Unidos.
Entre los afectados por esta política se encuentran:
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Óscar Arias: Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica.
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Rodrigo Arias: Expresidente del Congreso.
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Paul Rueda y Fernando Cruz: Magistrados de la Sala Constitucional.
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Exdiputados de oposición: Diversas figuras que han discrepado con el Gobierno actual.
Relación Chaves-Trump y contexto comercial
El presidente Rodrigo Chaves, cuyo mandato concluye el próximo 8 de mayo, ha consolidado una alianza estrecha con la Casa Blanca a través de acuerdos migratorios y la iniciativa antinarcóticos «Escudo de las Américas».
Sin embargo, esta cercanía política no ha eximido al país de tensiones económicas. En el marco de la guerra comercial impulsada por Washington, la administración Trump impuso a Costa Rica un arancel del 15%, una cifra superior al 10% aplicado al resto de la región centroamericana, con excepción de Nicaragua.
