Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que más de 500 expedientes penales han sido reactivados como parte de la revisión realizada tras la concentración de juzgados tradicionales en un juzgado estatal penal, principalmente relacionados con delitos de alto impacto como secuestro y homicidio.
Durante una entrevista, la titular del Poder Judicial explicó que también se notificó a la Fiscalía General de Justicia sobre más de 2 mil 500 expedientes que permanecían suspendidos debido a órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
Contreras López detalló que el objetivo es dar seguimiento a estos procedimientos y conocer las causas por las cuales no habían registrado avances, aunque aclaró que ello no implica necesariamente irregularidades.
“Puede ser la no localización de la persona o incluso que haya fallecido, pero nosotros tenemos la obligación de impulsar los asuntos que están bajo nuestra responsabilidad”, expresó.
La magistrada señaló que será la Fiscalía la encargada de revisar las razones específicas por las que no se concretó el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en esos casos.
En otro tema, Contreras López aseguró desconocer un supuesto informe de costo-beneficio elaborado por la Secretaría de Finanzas, en el que se advierte que la nueva Ciudad Judicial de Ciudad Victoria sería insuficiente para cubrir la demanda del Poder Judicial en los próximos 30 años.
No obstante, indicó que el proyecto fue replanteado desde el inicio de la actual administración judicial, buscando concentrar en un solo espacio los juzgados y áreas de atención al público, mientras que oficinas administrativas y áreas de magistrados permanecerán en la sede anterior.
La presidenta del Poder Judicial reconoció además que existe una saturación importante de archivos judiciales en distintas sedes, situación derivada de la falta de depuración documental durante las últimas dos décadas.
Ante ello, explicó que se trabaja en un programa de depuración de expedientes conforme a la ley, conservando únicamente documentos esenciales como demandas, contestaciones y resoluciones finales.
“La digitalización en muchos casos es innecesaria porque existe un acuerdo, incluso replicado de la Suprema Corte, que establece qué documentos deben conservarse”, señaló.
Finalmente, indicó que actualmente solo una persona permanece separada del cargo mientras se sustancia un procedimiento de responsabilidad administrativa dentro del Poder Judicial.
