La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la posibilidad de exigir visas a los viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá. La mandataria argumentó que la implementación de esta medida restrictiva generaría un conflicto bilateral innecesario con los principales socios comerciales del país en América del Norte.
Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la administración actual prioriza una relación de cooperación mutua, a pesar de las tensiones políticas recientes en agendas de migración y soberanía nacional. El gobierno mexicano mantendrá la apertura fronteriza para incentivar el turismo y el intercambio cultural.
Política exterior sin confrontación con Norteamérica
La propuesta de cobro de visados se evaluó previamente como una alternativa para incrementar la recaudación de recursos públicos. Sin embargo, Sheinbaum Pardo aclaró que los efectos negativos en la percepción diplomática superan los beneficios económicos proyectados para la hacienda pública.
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Diplomacia bilateral: El Estado mexicano continuará la denuncia de actos discriminatorios contra connacionales en el extranjero, pero evitará represalias consulares.
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Fomento turístico: La estrategia central consiste en mantener facilidades migratorias para que los visitantes norteamericanos viajen al territorio nacional de forma regular.
Postura sobre denuncias de despojos y privatización de playas
En la misma jornada, la presidenta abordó las quejas ciudadanas relacionadas con el despojo de tierras y la privatización ilegal de playas en diversas regiones turísticas del país. La mandataria admitió la persistencia de estas irregularidades operadas por particulares, aunque desmarcó la participación de los organismos federales en dichas prácticas.
La titular del Ejecutivo contrastó la situación actual con los periodos de administraciones pasadas, donde afirmó que se promovían políticas de despojo institucional en sectores como la minería. En consecuencia, instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) intervenir directamente en los litorales bajo conflicto para garantizar el libre tránsito y hacer cumplir la legislación vigente.
