Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- La reciente reforma al artículo 94 de la Constitución mexicana abrió una nueva etapa para el Poder Judicial, pero también dejó al descubierto una serie de deficiencias estructurales que, desde la visión de litigantes y especialistas, amenazan con comprometer la calidad de la impartición de justicia en el país. Entre ellas destacan la falta de experiencia de algunos juzgadores, la ausencia de carrera judicial y la necesidad urgente de capacitación permanente en temas sensibles como violencia de género, derechos de menores y debido proceso.
Así lo advirtió Fausto Villarreal García, integrante del Capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien señaló que la reforma judicial todavía enfrenta importantes retos para consolidar un sistema eficiente y técnicamente sólido.
“La reforma judicial, sin duda alguna, tiene algunos tintes que hay que mejorar”, sostuvo el abogado durante una entrevista en la que analizó los efectos que ha dejado la renovación parcial de juzgadores en México. Aunque reconoció que existe un esfuerzo institucional por elevar el nivel de quienes integran los tribunales, advirtió que el proceso aún presenta fallas relevantes.
De acuerdo con Villarreal García, uno de los principales problemas radica en que el relevo dentro del Poder Judicial no fue total, sino parcial, lo que ha generado una coexistencia entre perfiles con amplia trayectoria y otros sin la experiencia suficiente para asumir responsabilidades jurisdiccionales de alta complejidad.
“La reforma judicial no fue un cambio total de juzgadores, fue del 50%. Obviamente se siguen conservando ese 50% hasta la nueva elección que estamos esperando”, explicó.
El litigante afirmó que varios de los nuevos funcionarios carecen de una formación sólida dentro de la carrera judicial, situación que, advirtió, puede derivar en resoluciones inconsistentes y errores procesales que impacten directamente en el acceso a la justicia.
“Sí hace falta capacitación en algunos juzgadores que no tienen la experiencia o la carrera judicial que se requiere para cumplir adecuadamente su trabajo”, señaló.
Las declaraciones ocurren en un contexto donde distintos casos judiciales han provocado debate público sobre el actuar de ministerios públicos y jueces, particularmente en expedientes relacionados con violaciones al debido proceso. A Villarreal García se le mencionó como referencia el caso conocido públicamente como “William el Cerrajero”, donde presuntas irregularidades derivaron en un sobreseimiento.
Para el especialista, este tipo de situaciones reflejan la necesidad de fortalecer la preparación técnica de quienes imparten justicia y garantizar que las decisiones judiciales se apeguen estrictamente a los principios constitucionales y legales.
“No menoscaba la función que están haciendo, pero deben capacitarse más para que se cumpla mejor la función de juez”, enfatizó.
El integrante de la Barra Mexicana señaló que el gremio de abogados demanda programas de actualización más específicos y constantes, especialmente en materias relacionadas con derechos humanos y grupos vulnerables.
“Pedimos tener juzgadores con capacidad, que se capaciten, que estén constantemente actualizándose porque las leyes se modifican, cambian y evolucionan acorde a las necesidades de cada sociedad”, expresó.
Entre los temas que consideró prioritarios se encuentran el interés superior del menor, la violencia contra las mujeres y la protección de adultos mayores, áreas donde, aseguró, persisten criterios contradictorios entre autoridades judiciales.
“Se ha escuchado mucho el tema de la equidad de género y el interés superior del menor, que ha sido violentado por algunas autoridades. Unos dicen que sí, otros dicen que no”, explicó.
Villarreal García sostuvo que la falta de uniformidad en los criterios legales genera incertidumbre tanto para litigantes como para ciudadanos que buscan una resolución pronta y justa de sus conflictos. A ello se suma, dijo, la percepción de que algunos juzgadores no cuentan con las herramientas necesarias para interpretar adecuadamente reformas recientes y nuevas disposiciones legales.
Pese a las críticas, el abogado aclaró que dentro del Poder Judicial también existen perfiles altamente preparados y con experiencia sólida. Sin embargo, insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar una capacitación continua y especializada para todos los operadores del sistema judicial.
“Hay juzgadores con muy buen nivel, pero algunos otros necesitan más preparación”, afirmó.
Para el especialista, el éxito de la reforma judicial dependerá no solo de los mecanismos de elección o sustitución de jueces, sino de la capacidad institucional para construir un Poder Judicial profesionalizado, actualizado y capaz de responder a las exigencias sociales y jurídicas de un país en constante transformación.
