{«title»: «La nueva normativa de Trump sobre ‘green cards’ afecta la migración legal», «content»: «
La reciente normativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exige a los solicitantes de la ‘green card’ regresar a sus países mientras esperan una resolución migratoria, representa un nuevo revés para la migración legal y podría impactar a más de medio millón de personas anualmente, según especialistas consultados por EFE.
La regla, que entró en vigor la semana pasada, impedirá a los migrantes que ya se encuentran en el país realizar su ajuste de estatus migratorio (‘adjustment of status’) en Estados Unidos, obligándolos a regresar a sus naciones de origen para solicitar la ‘tarjeta verde’ de residencia en los consulados.
Esta medida, que anula una práctica aprobada por el Congreso desde 1952, «tendrá un impacto muy negativo en las vidas de verdaderamente millones de personas», afirmó Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI).
«Va a complicar las vidas de mucha gente porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar de forma remota en otro país, probablemente perderán su empleo. Después de perder dinero, pueden estar separados de sus familias por lo menos meses y, en muchos casos, tal vez la mayoría, por años», añadió.
En cuanto a la cantidad de personas afectadas, aunque no se dispone de una cifra exacta, el investigador de EPI indicó que más de la mitad del millón de personas que anualmente obtienen una ‘green card’ lo logran mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
El 58% de los más de 1,35 millones de migrantes que adquirieron la residencia legal en el año fiscal 2024, que ascendió a 782.770 personas, lo hizo de esta manera, según las últimas estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mayor impacto recaerá sobre los migrantes que tienen familiares en Estados Unidos, advierte la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), ya que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
La política también afectará a inmigrantes que poseen trabajos en el país, trabajadores religiosos, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o ‘parole’ (permiso humanitario) y a personas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos, explicó Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, durante una charla virtual con periodistas.
Además, el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) es «muy vago», ya que no especifica todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones, lo que dificulta conocer la situación con precisión, añadió Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA.
A pesar de que el Gobierno ha afirmado que esto solo requiere que los migrantes regresen a su país y soliciten la visa, Johnson califica esto de «desinformación peligrosa».
«Esto no se trata de comprar un boleto de avión y esperar un poco más. Para muchas personas, el proceso de consulta no es realista o seguro y, para otros, puede significar meses o años de separación de cónyuges que son ciudadanos estadounidenses, hijos, empleadores y comunidades», opinó.
En cuanto a la inmigración legal, Costa señaló que las medidas reflejan que la Administración Trump no solo está atacando la migración ilegal, sino que «es muy claro que quieren reducir la inmigración legal y están tomando medidas para hacerlo».
Como ejemplo, mencionó el freno al asilo en la frontera con México, la eliminación de beneficios de TPS, la pausa en el procesamiento de refugiados salvo para inmigrantes blancos de Sudáfrica y la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para 75 países, incluyendo Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Esto tendrá repercusiones económicas, ya que antes de la llegada de Trump casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante, según el experto del EPI, quien estima que el país podría perder 6 millones de empleos, de los cuales el 40% serían de estadounidenses, si el presidente cumple su objetivo de realizar cuatro millones de deportaciones.
«Esto tendrá un considerable impacto económico negativo para todo el país y, combinado con los efectos que estamos observando debido a la guerra de Irán, representa otra gran problemática para la economía», concluyó Costa.
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Fuente: Plano Informativo