Este domingo, los ciudadanos peruanos están convocados a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentarán la candidata de derecha Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, dos postulaciones que simbolizan diferentes visiones sobre el poder en el país.
Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), busca alcanzar la presidencia por cuarta ocasión, abogando por un reconocimiento total del legado de su padre, quien fue conocido por el autogolpe de 1992. Este evento marcó el inicio de un sistema político que le permitió a Fujimori permanecer en el poder hasta que se destaparon escándalos de corrupción en su gobierno.
Por su parte, Roberto Sánchez representa al encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), a quien promete liberar tras su condena por el intento de golpe de Estado que realizó en diciembre de 2022, en un esfuerzo por evitar su destitución por un Congreso dominado por la oposición fujimorista, justo cuando comenzaron a surgir serias acusaciones de corrupción en su administración.
Ambos candidatos, a pesar de su diferencia de 30 años, pronunciaron discursos prácticamente idénticos en sus intentos de quebrantar el orden democrático: disolver temporalmente el Congreso de la República, establecer un Gobierno de emergencia mediante decretos, intervenir en el sistema judicial y promover una nueva constitución política.
En 1992, Fujimori logró llevar a cabo su plan con el respaldo militar y un significativo apoyo popular, lo que le permitió implementar en 1993 una Constitución a su favor que facilitó el desarrollo económico liberal del país y la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“Fue una medida de excepción, por la situación del país frente a dos grupos terroristas que querían controlar el país y una hiperinflación galopante. Esta difícil decisión que tomó mi padre permitió que luego se hiciese la Constitución de 1993, que fue aprobada por la población”, declaró recientemente Keiko Fujimori en el canal América Televisión.
En contraste, Castillo fracasó en su intento de golpe en 2022, ya que no contaba con apoyo militar, siendo detenido casi de inmediato y destituido rápidamente por un Congreso que ya había intentado destituirlo en dos ocasiones anteriores.
Aunque Sánchez renunció como ministro de Castillo en ese momento, argumentando que su vocación democrática se lo impedía, actualmente defiende que el intento de golpe de Castillo fue una respuesta a la presión ejercida por una oposición que buscaba su destitución desde el Congreso.
A pesar de las similitudes en ambos episodios, los seguidores de Fujimori justifican las acciones de su padre, mientras que condenan las de Castillo, a quien tildan de “golpista” y “corrupto”. Esta polarización se repite entre los simpatizantes de Castillo, quienes ven la acción de Fujimori como un acto justificable y deslegitiman el intento de Castillo.
Los fujimoristas consideran que el golpe de Estado de su líder fue crucial para el éxito de su proyecto político, ya que abrió al país a los mercados internacionales y derrotó al terrorismo. No obstante, esto también estuvo acompañado de una extensa red de corrupción liderada por el asesor Vladimiro Montesinos y graves violaciones a los derechos humanos, que llevaron a Fujimori a ser condenado a 25 años de prisión.
Por otro lado, un sondeo reciente indica que más del 50 % de los peruanos desaprueba la condena impuesta a Castillo por su intento de golpe, y muchos consideran que el exmandatario fue, en realidad, víctima de un golpe de Estado orquestado por el Congreso opositor y la vicepresidenta Dina Boluarte, quien gobernó hasta 2025.
Fuente: Plano Informativo
