Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Colegio Nacional de Abogados Juaristas A.C., Delegación Tamaulipas, manifestó su rechazo a los señalamientos difundidos por el periódico
Los Angeles Times en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, al considerar que carecen de pruebas, sustento jurídico y resoluciones oficiales que los respalden.
En conferencia de prensa, el vicepresidente del organismo, Cecilio Gatica García, dio lectura a un posicionamiento institucional relacionado con la información publicada recientemente por medios nacionales e internacionales sobre presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos que involucran a mandatarios mexicanos en funciones.
El abogado señaló que cualquier imputación contra un servidor público debe estar respaldada por elementos objetivos y procedimientos legales válidos, por lo que advirtió que las versiones difundidas sin evidencias verificables ni pronunciamientos de autoridades competentes no pueden asumirse como hechos comprobados.
“Una publicación que no cuenta con pruebas objetivas, procedimientos legales ni resoluciones emitidas por autoridades facultadas debe considerarse falsa y carente de objetividad”, sostuvo.
Durante su intervención, destacó que la presunción de inocencia es un principio fundamental del sistema jurídico mexicano y un derecho humano protegido por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
Por ello, afirmó que ninguna persona puede ser declarada responsable de una conducta ilícita sin que exista una resolución firme derivada de un proceso legal en el que se hayan respetado plenamente las garantías del debido proceso.
Asimismo, el Colegio de Abogados Juaristas consideró que la cooperación entre países en materia de seguridad y procuración de justicia debe desarrollarse dentro de los cauces institucionales y con respeto a la soberanía de las naciones involucradas.
Gatica García también señaló que la difusión de información basada en fuentes no confirmadas o sin validación oficial puede generar interpretaciones erróneas y afectar derechos fundamentales, por lo que insistió en que corresponde únicamente a las autoridades competentes determinar la existencia o no de responsabilidades legales.
Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación, actores políticos y sociedad en general a actuar con prudencia y responsabilidad, evitando emitir juicios anticipados que puedan generar incertidumbre social o vulnerar principios esenciales del Estado de Derecho.
