Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que la carpeta de investigación integrada en contra de la exsecretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdala Carmona, cuenta con bases sólidas y suficientes elementos para continuar avanzando en las distintas etapas del proceso judicial.
Entrevistado al término de la ceremonia de Honores a la Bandera realizada en el campo infantil “Enrique Borja”, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado precisó que el asunto es atendido actualmente por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aunque recordó que durante su gestión al frente de esa instancia participó directamente en la integración del expediente.
“Lo que puedo decir al respecto, de la etapa en la que yo fungí como titular de esa área, es que el caso se sustentó sólidamente y va a tener que seguir su proceso en todas las etapas, aunque haya algunas dilaciones o incidencias que no impidan su curso inmediato”, expresó.
La exfuncionaria estatal enfrenta un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios durante la administración estatal anterior, asunto que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el caso pudiera venirse abajo durante el desarrollo del procedimiento judicial, Govea Orozco fue contundente al señalar que, desde su perspectiva, existen elementos suficientes para sostener la acusación.
“Yo considero que no”, respondió al referirse a una eventual desestimación del proceso.
Respecto a la decisión judicial de no imponer prisión preventiva a la exsecretaria de Bienestar, el Fiscal explicó que ese tipo de determinaciones corresponden a la evolución y circunstancias particulares de cada etapa procesal.
“Eso depende precisamente del avance del proceso”, puntualizó.
Las declaraciones del fiscal se producen en medio de la continuidad de las audiencias relacionadas con el caso, el cual ha generado atención pública debido al cargo que ocupó la exfuncionaria y al presunto daño patrimonial que se investiga en torno al manejo de recursos destinados a programas sociales.
