Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura y de la Campaña Nacional México sin Tortura, la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, llevó a cabo la inauguración de la plática informativa “Aplicación del Correcto Uso de la Fuerza Pública para Prevenir Responsabilidades Derivadas del Delito de Tortura”, dirigida a fortalecer la capacitación de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos.
En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, inauguró los trabajos y destacó que la coordinación entre instituciones refleja el compromiso del Gobierno del Estado para consolidar una cultura de legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Durante su intervención, reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Bienestar Social por mantener una estrecha colaboración en favor de la protección de los derechos de las y los tamaulipecos, así como de las personas en contexto de movilidad.
Beas Gámez señaló que la campaña México sin Tortura, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación, representa una oportunidad para fortalecer la prevención, sensibilización y capacitación de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
“Hablar del uso legítimo de la fuerza no significa limitar la actuación de las instituciones de seguridad pública, sino fortalecerla mediante la capacitación, el conocimiento de la ley y el respeto irrestricto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Cada actuación apegada a estos principios protege los derechos de la ciudadanía y brinda certeza jurídica a las y los servidores públicos que desempeñan su labor con profesionalismo y vocación de
servicio”, expresó.
Por su parte, la subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social de la Secretaría de Bienestar Social, Alejandra Félix Ramos, señaló que garantizar el ejercicio adecuado de la fuerza pública constituye un compromiso ético de todo servidor público y una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana.
“La capacitación permanente y la profesionalización del servicio público son herramientas esenciales para consolidar instituciones más cercanas, sensibles y comprometidas con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estas acciones responden a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado un gobierno profundamente humanista, donde la dignidad de las personas es el eje de las políticas públicas”, puntualizó.
La actividad fue convocada por el director de Control y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos, Miguel Angel Doria Ramírez, y reunió a representantes de diversas dependencias de la administración pública estatal, corporaciones de seguridad y organismos comprometidos con la protección y promoción de los derechos fundamentales.
Durante la jornada, Reyes Eduardo Eguía Durán impartió la conferencia “Aplicación del Correcto Uso de la Fuerza Pública para Prevenir Responsabilidades Derivadas del Delito de Tortura”, en la que abordó los principios legales y operativos que deben regir la actuación de las instituciones de seguridad para prevenir violaciones a los derechos humanos.
Al concluir su participación, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, acompañado de la subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social de la Secretaría de Bienestar Social, Alejandra Félix Ramos, así como del subsecretario Técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, hizo entrega de un reconocimiento en agradecimiento por su valiosa contribución y aportaciones durante esta actividad de capacitación, orientada a fortalecer el actuar de las instituciones con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
