Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena, Katalyna Méndez, respaldó las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria para investigar y sancionar a elementos de Tránsito señalados por presuntos actos de abuso de autoridad y corrupción, al considerar que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de la corporación.
La legisladora afirmó que todo servidor público que incurra en conductas irregulares debe ser sancionado conforme a la ley, al tiempo que llamó a implementar nuevas estrategias que permitan transparentar la actuación de los agentes viales.
«Estamos completamente a favor de que se castigue a los servidores públicos corruptos. Ya no podemos permitir que el sistema de tránsito sea visto únicamente como un mecanismo recaudatorio; hay que combatir estas prácticas», expresó.
Méndez consideró que una de las alternativas es incorporar mayor tecnología para supervisar el desempeño de los elementos, como el uso de cámaras corporales o sistemas de videovigilancia que permitan documentar las intervenciones y brindar mayor certeza tanto a los ciudadanos como a los propios agentes.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los controles internos mediante evaluaciones permanentes y la aplicación de exámenes antidoping a los integrantes de la corporación.
La diputada señaló que mantiene comunicación con el alcalde de Ciudad Victoria sobre diversos temas relacionados con la administración municipal y reiteró que la única forma de avanzar es mediante el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.
En ese sentido, insistió en que el combate a la corrupción debe ir acompañado de acciones preventivas, mayor transparencia y mecanismos de supervisión que contribuyan a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad vial.
Finalmente, subrayó que la modernización de la Dirección de Tránsito y el fortalecimiento de sus controles deben formar parte de una estrategia integral para ofrecer un mejor servicio a la población y garantizar que los servidores públicos actúen con legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos.
