CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En
sesión extraordinaria los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas (IETAM), aprobaron los topes de gastos de precampaña
para la elección de Ayuntamientos para el proceso electoral Ordinario 2017-2018, cuyo monto se establece
de acuerdo a la fórmula que se
fundamenta en la Ley Electoral en nuestra entidad.
Durante
los 30 días que comprenden las precampañas (del 13 de enero al 11 de febrero
del 2018), todas las y los precandidatos podrán erogar hasta 31 millones 013
mil 828 pesos, según la sumatoria de los topes en los 43 municipios.
En
tanto, el segundo acuerdo aprobado por el Consejo General fue del Modelo de distribución y pautas para la trasmisión
en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos, estableciendo
que en el ámbito local, será 11 minutos para precampaña, 9 minutos para la
intercampaña, y 15 minutos para campaña, tanto para los partidos políticos y,
en su caso, coaliciones, como candidaturas independientes.
De
igual modo, se aprobó la expedición del Reglamento de fiscalización de los recursos de las organizaciones de observadores electorales, el cual busca
tener constancia del origen de los
recursos para desarrollar sus funciones y la utilización de los mismos.
Finalmente, por unanimidad de votos las y los consejeros
electorales aprobaron el acuerdo por el que se desecha la denuncia presentada
por parte de la dirigente del PRI en Ciudad Mante, la C. Guadalupe Acevedo
Díaz, quien no acreditó la existencia de las infracciones atribuidas a los CC.
Enrique Murillo Rodríguez, Subdirector Regional del Centro de Emergencia; Luis
Alfonso Martínez Chabrand, Coordinador de Tecnología Educativa; Rodrigo
Enríquez Pérez, Delegado de ITAVU; Ignacio Ledezma Leal, Subdirector
administrativo del Hospital General “Dr. Emilio Martínez Manatou”; y Luis
Alberto Martínez, administrativo del CONALEP número 127 en esa localidad.
De
acuerdo a la denuncia de hechos, la dirigente priista denuncio a los
funcionarios municipales del Mante por el uso indebido de recursos públicos,
por la supuesta asistencia de los servidores públicos denunciados a un evento
partidista en horario de trabajo, violentando el principio de
imparcialidad en los comicios del
próximo año.
