Por Agustin Peña Cruz
CDMX.- La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica manifestó su preocupación ante una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas, al advertir que podría abrir la puerta a mecanismos de control estatal sobre el ejercicio periodístico bajo criterios éticos.
La propuesta, impulsada por la diputada Cynthia Lizabeti Jaime Castillo, plantea la creación de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas”. Aunque en su exposición de motivos se afirma que no se busca censurar ni imponer control gubernamental, la redacción vigente permitiría la recepción y difusión pública de quejas por presuntas faltas éticas, lo que —según la organización— podría derivar en esquemas de presión y hostigamiento contra comunicadores.
Uno de los puntos centrales de preocupación radica en la autonomía del organismo propuesto. Si bien se le define como una entidad sin facultades coercitivas, la iniciativa establece vínculos operativos con la Coordinación Estatal del Mecanismo de Protección, lo que permitiría canalizar denuncias hacia este ente, debilitando su independencia y abriendo la posibilidad de injerencia institucional.
Asimismo, la definición de quién puede ser considerado periodista dentro del Colegio ha sido señalada como restrictiva. La organización recuerda que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que el periodismo debe entenderse desde una perspectiva funcional, vinculada al rol social de informar, y no limitarse a criterios profesionales o académicos formales.
Otro aspecto que genera inquietud es la facultad del Colegio para emitir recomendaciones públicas, extrañamientos e informes anuales sobre estándares éticos. ARTICLE 19 advierte que estas prácticas podrían derivar en señalamientos públicos o “listas negras” que afecten la reputación de periodistas y medios, particularmente en un contexto donde las campañas de desprestigio digital son recurrentes.
Aunque el proyecto señala que sus resoluciones tendrían un carácter orientador, contempla la posibilidad de sugerir disculpas públicas, capacitación obligatoria o ajustes editoriales, lo que, en los hechos, podría constituir mecanismos indirectos de presión.
La organización también alertó sobre el riesgo de que el Estado pretenda establecer parámetros de moralidad o ética en el ejercicio informativo, ámbitos que —ha sostenido la Suprema Corte— carecen de definiciones uniformes y requieren una estricta neutralidad gubernamental para no vulnerar la libertad de expresión.
Si bien reconoce que existen colegios de periodistas en distintos países, ARTICLE 19 subrayó que su legitimidad depende de su plena autonomía frente al poder público. En ese sentido, llamó a replantear la iniciativa y a priorizar políticas de protección efectiva a periodistas, en lugar de crear instancias que puedan fungir como órganos de evaluación ética con potencial de sanción social.
Fuente: https://articulo19.org/iniciativa-en-tamaulipas-un-riesgo-de-control-estatal-y-tribunales-eticos-contra-la-libertad-de-expresion/
