El actual Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó haber cometido alguna irregularidad tras revelarse que su hijo, Marcelo Patrick, residió durante seis meses en la Residencia Oficial de la Embajada de México en el Reino Unido en 2021. El funcionario sostuvo que el alojamiento no representó un aprovechamiento de su cargo como entonces canciller, sino que respondió a una medida de seguridad familiar en el contexto de la crisis sanitaria global.
Ebrard detalló que la decisión se tomó tras una conversación con la embajadora Josefa González-Blanco, quien en ese momento era su subalterna en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Según el relato del secretario, la diplomática ofreció su hogar oficial para recibir al joven mientras este realizaba estudios especializados en Neurociencia durante la etapa más crítica de la pandemia de Covid-19.
Contexto de la estancia y servicios en la residencia
Marcelo Patrick permaneció en la propiedad ubicada en Belgrave Square, un edificio histórico de tres niveles situado en una de las zonas más exclusivas de Londres. De acuerdo con informes periodísticos, el hijo del entonces canciller contó con el servicio del personal asignado a la legación diplomática, que incluye mayordomía, cocina y tareas de limpieza.
La estancia se prolongó por medio año, periodo tras el cual el joven regresó a México debido a que sus actividades académicas migraron a un formato virtual. Ebrard insistió en que su atención en aquel periodo estaba volcada en la adquisición de vacunas para el país, por lo que aceptó el ofrecimiento de González-Blanco como un gesto de apoyo personal ante la incertidumbre del confinamiento en el extranjero.
Postura oficial ante señalamientos de uso de recursos
Ante los cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés o beneficio indebido, el funcionario fue enfático al declarar: «No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente».
El Secretario de Economía reiteró que el alojamiento fue una atención brindada bajo criterios de hospitalidad familiar y no un despliegue de recursos públicos para fines privados. No obstante, el caso ha reabierto el debate sobre los límites entre la vida personal de los altos funcionarios y el uso de los bienes e infraestructura del Estado destinados al servicio diplomático.
