Seis expertas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron este jueves que se realicen investigaciones completas sobre las redes de explotación sexual vinculadas al financiero Jeffrey Epstein. Las especialistas señalaron que los archivos judiciales recientemente desvelados exigen una rendición de cuentas clara ante la gravedad de los abusos documentados a escala internacional.
El grupo de relatoras subrayó que los registros implican a líderes políticos, figuras públicas, diplomáticos, empresarios y académicos de alto nivel. Según el comunicado, la permanencia de estas redes evidencia fallas críticas del Estado en sus responsabilidades de prevención y protección a las víctimas.
Fallas sistémicas y cultura de impunidad
Las firmantes denunciaron que la magnitud de la trata de menores detectada pone de manifiesto la violencia estructural y la discriminación arraigada en los sistemas de poder. Para las expertas, el proceso judicial ha presentado deficiencias graves que han impedido el enjuiciamiento efectivo de los perpetradores.
Entre los puntos críticos señalados por la misión de la ONU destacan:
-
Omisiones institucionales: Errores determinantes en la identificación y asistencia de las supervivientes.
-
Obstáculos legales: Fallos persistentes en la investigación criminal contra figuras de renombre.
-
Vulneración del derecho internacional: Una impunidad que debilita las garantías de protección y justicia para mujeres y niñas.
Exigencia de las relatoras especiales
La declaración fue suscrita por Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, junto a las cinco integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas. El colectivo enfatizó que la falta de justicia no solo revictimiza a las afectadas, sino que envía un mensaje de permisividad ante crímenes de explotación.
Las expertas concluyeron que el esclarecimiento total de los archivos es indispensable para desmantelar las estructuras patriarcales que facilitaron estos delitos. La ONU busca que este caso sirva como precedente para reformar los mecanismos de supervisión y asegurar que ningún cargo público o influencia empresarial esté por encima de la ley en casos de trata humana.
