El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) instruyó a sus agentes a suspender los ingresos a domicilios particulares que no cuenten con una orden judicial. Asimismo, la agencia limitará las detenciones en tribunales de inmigración exclusivamente a extranjeros con órdenes de deportación vigentes, según informaron altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena NBC.
Estas directrices marcan una reversión en las estrategias operativas de la actual administración. La medida responde a las críticas de defensores de derechos civiles, quienes señalaron que los registros sin orden judicial vulneran la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege a los ciudadanos contra confiscaciones y registros gubernamentales injustificados.
Cambio de estrategia tras incidentes en Minneapolis
El ajuste en la política migratoria ocurre tras las repercusiones de los operativos realizados en Minneapolis el pasado enero. Dichas acciones resultaron en el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Nicole Renée Good, ambos de 37 años, lo que generó cuestionamientos incluso dentro del sector legislativo republicano.
Derivado de estos eventos, la Casa Blanca realizó cambios en su gabinete, sustituyendo a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. El actual secretario, Markwayne Mullin, ratificó durante su proceso de confirmación en el Senado que la exigencia de órdenes judiciales será mandatoria para el personal de ICE, eliminando la laxitud normativa previa.
Enfoque en detenciones institucionales
La nueva hoja de ruta del DHS busca reorientar la operatividad de la agencia hacia un modelo menos disruptivo para la comunidad. Los puntos clave de esta transición incluyen:
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Colaboración policial: Priorizar la identificación y detención de indocumentados dentro de centros penitenciarios.
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Reducción de redadas: Minimizar las intervenciones comunitarias a gran escala.
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Filtros en tribunales: Restringir arrestos en sedes judiciales solo a casos con estatus de deportación activo.
Con estas medidas, el Gobierno federal busca mitigar las tensiones sociales y legales derivadas de los operativos tácticos, centrando los esfuerzos de control migratorio en entornos controlados y bajo supervisión judicial estricta.
