El Gobierno de Estados Unidos implementó una nueva normativa que permite denegar la residencia permanente (green card) a inmigrantes que expresen públicamente ciertas opiniones políticas. Según documentos internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelados por The New York Times, factores como la participación en protestas propalestinas o críticas a Israel serán determinantes en el proceso migratorio.
Estas directrices profundizan una orden emitida en agosto pasado, diseñada para identificar solicitantes con posturas calificadas por la Administración como «antiestadounidenses» o «antisemitas». El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ya distribuyó estos materiales a sus funcionarios para la evaluación inmediata de perfiles.
Factores «abrumadoramente negativos» en las solicitudes
La nueva guía de capacitación instruye a los agentes migratorios a considerar ciertas conductas como impedimentos críticos para obtener el estatus legal. Entre los puntos destacados se encuentran:
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Actividad en redes sociales: Publicaciones que incluyan consignas como «Detengan el terrorismo israelí en Palestina» o imágenes de la bandera de Israel tachada.
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Protestas universitarias: Se pondrá especial énfasis en extranjeros que hayan participado en actividades críticas hacia Israel dentro de campus universitarios.
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Símbolos nacionales: La profanación o quema de la bandera estadounidense se clasifica como un factor negativo, alineado con órdenes ejecutivas previas de Donald Trump.
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Ideologías subversivas: Se incluye el apoyo a discursos que aboguen por el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos o el uso de carteles con mensajes considerados «subversivos».
Estrecha vigilancia al antisemitismo y retórica política
Los documentos internos citan ejemplos específicos de contenido que debe ser reportado, como mapas de la región donde Israel es sustituido por la palabra «Palestina». Tras los eventos de octubre de 2023 en Medio Oriente, el escrutinio se ha intensificado sobre cualquier extranjero involucrado en lo que el DHS define como «acciones retóricas o físicas antisemitas».
Bajo este nuevo protocolo, los funcionarios de inmigración tienen la obligación de remitir cualquier caso que involucre «conductas o ideologías antiestadounidenses» a la Oficina del Asesor Jurídico General de la agencia para una revisión exhaustiva. Esta medida otorga a los agentes una amplitud sin precedentes para interpretar el discurso público de los solicitantes como un criterio de elegibilidad para vivir y trabajar legalmente en el país.
