El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, exigió que las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa estén debidamente sustentadas con pruebas. El legislador advirtió que cualquier señalamiento carente de base jurídica contraviene el Estado de Derecho y los tratados internacionales.
Esta postura surge tras la revelación de la Fiscalía de Nueva York, que hizo públicas acusaciones por narcotráfico contra 10 funcionarios sinaloenses. Entre los implicados destacan el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, para quienes ya se remitió una solicitud de detención provisional con fines de extradición a la Cancillería mexicana.
Requisitos legales y soberanía procesal
Mier subrayó que los procesos de extradición entre México y Estados Unidos deben ceñirse estrictamente a la Constitución Política y a los instrumentos internacionales vigentes. Enfatizó que la cooperación bilateral no exime el cumplimiento de los requisitos procesales establecidos.
«No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes», sostuvo el senador.
Defensa de la inmunidad y las instituciones
El líder de la Jucopo afirmó que, si bien México mantiene su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. Esto incluye el respeto a la inmunidad procesal de los servidores públicos involucrados en el caso.
La colaboración entre ambas naciones, añadió Mier, debe fundamentarse en la confianza y la legalidad. Advirtió que se deben evitar prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos judiciales o que busquen comprometer la integridad de las instituciones mexicanas mediante la difusión de información no verificada.
