La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como «desafortunadas» las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y advirtió que ningún diplomático debe asumir una actitud injerencista en los asuntos internos del país. La mandataria subrayó que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la soberanía nacional.
El reclamo surge tras un discurso pronunciado por Johnson en Los Mochis, Sinaloa, donde el diplomático condicionó el fomento de la inversión en México a la erradicación de la corrupción. «Un embajador de cualquier país no puede tener una actitud injerencista», afirmó la titular del Ejecutivo Federal durante su conferencia matutina.
Contexto diplomático y solicitudes de extradición
Sheinbaum señaló que las expresiones de Johnson adquieren una relevancia distinta debido al panorama político actual. El día previo a las críticas del embajador, el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La administración federal reiteró que, si bien se mantendrá una política de colaboración con Washington, no se aceptará la subordinación. «Queremos una relación de respeto, de colaboración y de entendimiento, pero tiene que ser muy claro el respeto», puntualizó la mandataria.
Soberanía y antecedentes históricos
Para ilustrar las tensiones históricas en la relación diplomática, la presidenta citó memorias del exmandatario Miguel de la Madrid, enfatizando la necesidad de mantener firmeza ante las intromisiones extranjeras. Aseguró que su administración evitará la confrontación, pero hará valer la dignidad de las instituciones nacionales.
«Nuestro objetivo nunca será establecer malas relaciones, pero a la Presidenta le corresponde garantizar el respeto y la soberanía de México», sostuvo.
Tensiones por la campaña anticorrupción de EE. UU.
La postura de México coincide con reportes recientes de medios internacionales como Los Angeles Times, que indican que la administración de Donald Trump prepara una campaña anticorrupción dirigida a funcionarios mexicanos sospechosos de vínculos con el crimen organizado.
Ante este escenario, el Gobierno de México sostiene que la mejora de la relación bilateral no debe implicar el sacrificio de la autonomía política ni permitir el intervencionismo en la agenda de seguridad y economía interna.
